La Corte Suprema afirma la prohibición de armas de fuego en casos de violencia doméstica

La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión trascendental, ha confirmado la validez de una ley federal que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego. Este fallo posee implicaciones significativas, ya que podría limitar el alcance de su histórico pronunciamiento del año anterior sobre los derechos de armas.

El Contexto Legal

El caso en cuestión, denominado “Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen,” sentó un precedente al establecer que existe el derecho a portar armas fuera del hogar en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución. Esta decisión enfatizó que las restricciones a las armas debían evaluarse en función de una comprensión histórica del derecho a portar armas, lo que suscitó interrogantes sobre la legitimidad de muchas restricciones existentes que, según los activistas por los derechos de las armas, no tienen raíces en la tradición histórica.

La Importancia de la Tradición

Sin embargo, durante los argumentos orales, los jueces se mostraron receptivos al argumento presentado por la procuradora general Elizabeth Prelogar, quien sostuvo que la prohibición está firmemente arraigada en la historia y tradición de la Segunda Enmienda. Se destacó que a lo largo de la historia de Estados Unidos, las legislaturas han desarmado a aquellos que han cometido conductas criminales graves o cuyo acceso a armas representa un peligro para la sociedad.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien lideró la mayoría en el caso de 2022, respaldó este enfoque al afirmar que “la legislatura puede tomar decisiones para desarmar a las personas de conformidad con la Segunda Enmienda basándose en la peligrosidad.”

El Alcance de la Decisión

A pesar de las preocupaciones de algunos jueces conservadores sobre las restricciones estatales relacionadas con la violencia doméstica, cabe señalar que el tribunal se centró exclusivamente en la prohibición federal. Ningún juez indicó que estuviera dispuesto a derogar la ley federal debido a la falta de antecedentes que respalden la prohibición de posesión de armas por violencia doméstica desde los albores de la nación.

Implicaciones a Nivel Federal y Estatal

Este caso ha desencadenado un debate sustancial en torno a las restricciones federales y estatales relacionadas con las armas de fuego. Varios jueces federales han dictaminado que otras restricciones federales sobre armas también violan el derecho a portar armas, como la que prohíbe a los delincuentes poseer armas o la que prohíbe a los menores de 21 años comprar armas de fuego.

Una disposición separada que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego también ha estado bajo escrutinio, particularmente debido a la acusación de Hunter Biden de violarla y su intención de presentar una impugnación constitucional.

El Impacto en el Futuro

La decisión de la Corte Suprema en el caso Rahimi tendrá un impacto significativo en la forma en que los tribunales aborden futuras impugnaciones relacionadas con restricciones federales y estatales sobre armas de fuego. Esto afectará tanto a casos similares a nivel estatal como a cuestiones relacionadas con la posesión de armas a nivel federal.

El caso de Zackey Rahimi, quien se vio envuelto en incidentes de violencia doméstica y se declaró culpable de violar la ley federal de posesión de armas, ilustra la complejidad de este tema. Las decisiones judiciales en este contexto marcarán el camino hacia el equilibrio entre el derecho a portar armas y la necesidad de proteger a la sociedad.

En resumen, la Corte Suprema de Estados Unidos ha reafirmado la prohibición de armas de fuego en casos de violencia doméstica a nivel federal, basándose en una tradición histórica que respalda esta restricción. Este pronunciamiento tiene un impacto significativo en el debate sobre las restricciones de armas tanto a nivel federal como estatal, y su repercusión en futuros casos será fundamental para definir el equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad pública.