Reclamos contra el Gobernador DeSantis por plan de centro de detención en los Everglades: activistas exigen acción judicial
- Carteles publicitarios instan a la alcaldesa de Miami-Dade, Levine-Cava, y al condado a presentar una demanda para detener el campo de detención de los Everglades.
- La decisión de DeSantis de confiscar terrenos que antes pertenecían al condado de Miami-Dade, con un valor estimado de $195 millones, debería ser firmemente rechazada por las autoridades del condado.
La polémica en torno al proyecto impulsado por el gobernador Ron DeSantis para instalar un centro de detención en una zona ecológicamente sensible de los Everglades ha escalado, con nuevas acciones de protesta que buscan presionar a las autoridades del condado de Miami-Dade. La Coalición de Inmigrantes de Florida ha lanzado una campaña con carteles publicitarios que instan a la alcaldesa Daniella Levine-Cava y al gobierno local a presentar una demanda para detener esta controvertida iniciativa.
La medida propuesta implica la incautación de terrenos anteriormente propiedad del condado de Miami-Dade, valorados en aproximadamente 195 millones de dólares, con el objetivo de construir un campamento de detención con capacidad para 3.000 personas. Según denuncias de organizaciones de derechos civiles y ambientales, las instalaciones estarían destinadas a retener a individuos detenidos por el gobierno federal, en condiciones que han sido calificadas como inhumanas.
Los carteles, visibles en puntos estratégicos como la I-95 y NW 135th St. y el Expressway 836 (Dolphin Expressway) en dirección oeste, buscan visibilizar la urgencia del asunto. La coalición denuncia que el silencio de las autoridades locales frente a este proyecto es alarmante, especialmente considerando los riesgos humanitarios y ecológicos que implica.
La zona donde se planea construir el centro está rodeada de hábitats naturales en extremo frágiles, ya afectados por el cambio climático, la expansión urbana y especies invasoras. La instalación de infraestructura pesada, el aumento del tránsito vehicular, la contaminación lumínica y acústica, y el manejo de residuos agravarían aún más el deterioro ambiental. Además, se advierte que el proyecto contraviene normativas de protección ecológica vigentes a nivel estatal y federal.
Desde la Coalición de Inmigrantes de Florida se advierte que habilitar un centro de detención en carpas, en medio de un pantano y en plena temporada de huracanes, no solo es una decisión temeraria, sino también una estrategia deliberada para infligir sufrimiento a quienes allí sean confinados. Se cuestiona el carácter punitivo del plan, que pone en peligro vidas humanas mientras erosiona aún más uno de los ecosistemas más importantes de América del Norte.
La comunidad local y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente exigen una respuesta inmediata por parte de la alcaldesa Levine-Cava, incluyendo la posibilidad de acciones legales que frenen la ejecución de este proyecto.