DeSantis impulsa un plan histórico para eliminar los impuestos a la propiedad en Florida

El gobernador Ron DeSantis anunció un ambicioso proyecto que busca eliminar los impuestos a la propiedad en Florida, una medida que, de aprobarse en 2026, transformaría de manera radical la economía del estado y el concepto mismo de propiedad en Miami y otras ciudades clave. El plan incluye un reembolso inicial de 1.000 dólares en diciembre de este año y un referéndum en 2026 que pondrá en manos de los votantes la decisión final.

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El plan de DeSantis: del reembolso a la eliminación total

Con tono firme y ante la prensa, DeSantis describió su propuesta como una reivindicación de la verdadera propiedad privada. El esquema se implementaría en dos fases: primero, un alivio inmediato con un cheque de 1.000 dólares para los dueños de viviendas principales; segundo, la consulta popular que decidirá si Florida elimina por completo los impuestos a la propiedad.

En palabras del gobernador: “Si eres residente de Florida y tienes tu vivienda principal aquí, deberías poder poseerla libre y clara del gobierno”. Con esta declaración, abrió la puerta a un debate de alcance nacional sobre los límites de la carga tributaria.

Impacto en el mercado inmobiliario de Miami

La ciudad de Miami, epicentro de un boom inmobiliario que combina capital internacional con migración doméstica, sería uno de los escenarios más impactados por esta reforma. Hoy, un propietario típico paga en promedio 8.000 dólares anuales en impuestos a la propiedad. De eliminarse, esa cifra pasaría directamente a su bolsillo.

En barrios como Coral Gables, Coconut Grove o Brickell, donde los precios de las viviendas ya desafían presupuestos de clase media, esta medida podría ampliar el acceso a la propiedad. Para compradores de otros estados, Miami se consolidaría como destino de inversión gracias a una combinación difícil de igualar: sin impuesto estatal a la renta y, potencialmente, sin impuestos a la propiedad.

Una ventaja competitiva para atraer capital extranjero

Analistas inmobiliarios señalan que la iniciativa convertiría a Miami en un imán para grandes fortunas globales. En un mercado donde ya confluyen europeos, latinoamericanos y norteamericanos en busca de refugio fiscal, la eliminación de este tributo podría multiplicar la llegada de capital.

El desafío de los 43.000 millones de dólares

El mayor interrogante es cómo compensar la pérdida de los ingresos por impuestos a la propiedad, que actualmente aportan cerca de 43.000 millones de dólares al año en Florida. Estos fondos sostienen la infraestructura básica: escuelas, policía, bomberos, recolección de basura y programas ambientales.

En Miami-Dade, uno de los distritos escolares más grandes del país depende en gran medida de estos recursos. Los defensores de la educación advierten que una reducción drástica de ingresos pondría en riesgo la calidad educativa y, con ello, la competitividad de la región para atraer familias y profesionales.

Debate sobre alternativas fiscales

Los críticos del plan sugieren que el vacío podría llenarse con mayores impuestos al consumo, tasas específicas o tarifas por servicios. Sin embargo, estas fórmulas también conllevan riesgos de inequidad, ya que afectan en mayor proporción a los sectores de ingresos medios y bajos.

¿Revolución fiscal o estrategia política?

La propuesta llega en un contexto de creciente influencia de Florida en la política nacional. DeSantis, reelecto con amplio margen, busca reforzar su perfil como impulsor de políticas conservadoras disruptivas. Sus seguidores lo celebran como un paso hacia la independencia financiera de los ciudadanos. Sus detractores lo califican de populismo fiscal que puede desfinanciar al estado.

El futuro inmediato

Lo único seguro es que el reembolso de 1.000 dólares llegará en diciembre, un gesto que los votantes percibirán como un alivio tangible en medio de la inflación y los altos costos de vida. El verdadero pulso se dará en 2026, cuando los floridanos decidan si quieren dar el salto hacia un modelo sin impuestos a la propiedad.

Entre tanto, el debate seguirá enfrentando dos visiones: la de quienes sueñan con una Florida libre de cargas tributarias y la de quienes temen que el precio oculto sea la erosión de servicios públicos esenciales. El desenlace marcará el rumbo económico y social del estado en las próximas décadas.

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