DeSantis y la Operación “Tidal Wave”: propaganda, desvíos y ausencia total de respuestas

MIAMI — El gobernador Ron DeSantis encabezó este lunes una rueda de prensa frente al centro de chequeo de ICE en Miramar para celebrar, según él, los “logros” de la operación Tidal Wave, ejecutada durante el pasado fin de semana. Pero lo que se presentó como un acto informativo terminó siendo una puesta en escena cargada de propaganda, evasivas y declaraciones infundadas que esquivaron cualquier responsabilidad o explicación concreta sobre los cuestionamientos más graves.

DeSantis y otros funcionarios estatales y federales ofrecieron cifras vagas sin pruebas verificables, en lo que fue otro capítulo del ya repetido “créanlo porque lo decimos”. En ningún momento se detalló cuántos padres de familia fueron detenidos, ni cuántos trabajadores faltarán este 1º de mayo a sus puestos. Tampoco se explicó el arresto de ciudadanos estadounidenses ni las violaciones sistemáticas a órdenes judiciales, en lo que parece un nuevo mínimo ético de las agencias de aplicación de la ley.

Críticas al sistema judicial y una peligrosa retórica

Uno de los momentos más alarmantes de la conferencia fue cuando DeSantis culpó al poder judicial por respetar la Constitución de los Estados Unidos. Con una retórica que recuerda al autoritarismo de manual, similar al estilo de Donald Trump, el gobernador insinuó que los derechos procesales garantizados por la Carta Magna son un obstáculo para la “efectiva” aplicación de las leyes migratorias.

En un comentario que rozó lo grotesco, DeSantis comparó las audiencias migratorias con el juicio de O.J. Simpson, dejando entrever su desprecio por el debido proceso legal. Cabe recordar que tanto ciudadanos como no ciudadanos en territorio estadounidense tienen derecho a una audiencia justa y a defenderse, como lo establece claramente la Constitución.

Manipulación mediática y criminalización sin fundamento

Cuando periodistas presionaron sobre las múltiples irregularidades de la operación, el gobernador respondió con desvíos y ataques. Señaló delitos aislados cometidos por inmigrantes indocumentados para justificar la persecución generalizada, sin responder a las preguntas esenciales. Mostró algunas fotos de prontuariados, ignorando deliberadamente que la mayoría de los detenidos son personas sin antecedentes penales: padres, trabajadores, estudiantes y hasta bebés. Lejos de enfocarse en la seguridad, estas acciones buscan sembrar miedo y reforzar el control.

Por su parte, los voceros de ICE eludieron explicar por qué la mayoría de los arrestados no tienen antecedentes criminales. En lugar de eso, recurrieron al discurso partidista contra la administración Biden como una cortina de humo. “Todos los arrestados son criminales”, repitieron sin pruebas, ignorando de nuevo los derechos constitucionales de los detenidos.

Tácticas policiales cuestionables y acuerdos problemáticos

Un portavoz de la Patrulla de Caminos de Florida intentó justificar las detenciones en carretera explicando que observan cómo reaccionan los conductores ante los patrulleros. Según su razonamiento, mirar demasiado o muy poco a un coche de policía sería indicio suficiente para detener a alguien. Afirmaron que esto no es perfilamiento racial, aunque todo indica lo contrario.

Mientras tanto, DeSantis celebra los acuerdos 287(g), que permiten a agencias locales colaborar con ICE. Sin embargo, varios estados —entre ellos Arkansas, Arizona y Carolina del Norte— ya han cancelado estos convenios por sus múltiples fallas y abusos documentados.

El caso de Heidy Sánchez: una historia ignorada

Durante la conferencia no se mencionó el caso de Heidy Sánchez, una madre cubana que fue detenida en este mismo centro de Miramar y deportada a Cuba sin siquiera poder despedirse de su hija de un año, ciudadana estadounidense. Su esposo también es ciudadano. Heidy aún amamantaba a su hija, quien ahora llora de hambre llamando por su madre.

Este centro de ICE, frente al cual se montó la conferencia, es el mismo al que acuden familias enteras desde ciudades a horas de distancia para cumplir con sus citas migratorias. Hoy, esas mismas personas se sienten cazadas, traicionadas y desprotegidas.

Silencios sospechosos y desvíos financieros

Tampoco hubo explicaciones sobre los $10 millones originalmente destinados a la fundación benéfica de Casey DeSantis que terminaron en los fondos políticos del gobernador. Tal vez el escenario más apropiado para esta conferencia habría sido la mansión del gobernador, donde aún quedan muchas respuestas pendientes.

Conclusión

La operación Tidal Wave y su posterior defensa mediática por parte del gobernador DeSantis revelan una preocupante combinación de propaganda, abuso de poder y desprecio por los principios constitucionales. Bajo la fachada de la “seguridad”, se oculta una estrategia de persecución masiva, impulsada más por intereses políticos que por el bienestar real de las comunidades.