EE UU endurece la visa B‑2: ¿Fin del turismo de nacimiento y qué riesgos enfrentan las futuras madres latinoamericanas
Antecedentes de la medida
En los últimos años, la práctica conocida como “turismo de nacimiento” ha cobrado notoriedad en Estados Unidos. Familias extranjeras viajan al país con visas de turista (B‑2) con la intención de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense, asegurando la ciudadanía por nacimiento. La administración de Donald Trump, que ya había señalado su intención de frenar este fenómeno, emitió en febrero de 2024 una orden ejecutiva que modifica sustancialmente el proceso de emisión de visas para mujeres embarazadas.
Detalles de la nueva restricción
La normativa, promulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), establece requisitos adicionales para la aprobación de visas B‑2 cuando el solicitante indica embarazo o intención de dar a luz en EE. UU. Los puntos clave son:
- Se requerirá la presentación de una prueba documental que demuestre la fecha estimada de parto y el lugar donde se realizará el parto.
- Los solicitantes deberán adjuntar evidencia de solvencia económica suficiente para cubrir gastos médicos y de alojamiento durante la estancia.
- Se implementará una verificación reforzada de antecedentes que incluirá consultas a bases de datos internacionales para detectar patrones de “birth tourism”.
- En caso de sospecha, la solicitud podrá ser denegada sin derecho a reembolso, y el solicitante será informado de la posibilidad de apelar bajo los criterios de “riesgo de fraude”.
- Los consulados estadounidenses en países con alta incidencia de esta práctica, como México, Brasil y Colombia, recibirán directrices específicas para identificar casos potenciales.
La medida también contempla la posibilidad de revocar visas B‑2 ya emitidas si se detecta que el titular viajó con la intención de dar a luz, lo que podría derivar en procesos de deportación.
Reacciones de sectores afectados
La comunidad de abogados migratorios y los grupos de defensa de derechos humanos han expresado preocupación por el posible uso de la norma como herramienta discriminatoria. Entre los argumentos más citados destacan:
- Incertidumbre legal: la falta de definiciones claras sobre “intención de dar a luz” podría generar denegaciones arbitrarias.
- Impacto en la salud materna: mujeres embarazadas podrían verse forzadas a buscar atención médica en entornos menos seguros o sin cobertura adecuada.
- Costos para la industria turística: hoteles, agencias de viajes y aerolíneas temen una caída de la demanda de clientes internacionales que planifican viajes familiares.
Por su parte, representantes de la Oficina de Turismo de EE. UU. han subrayado que la medida busca “proteger la integridad del sistema migratorio” y que se implementarán mecanismos de seguimiento para evitar efectos colaterales en el sector turístico legal.
Implicaciones para el turismo en EE. UU.
El Estado de Florida, principal destino de visitantes latinoamericanos, podría experimentar una ligera disminución en la llegada de familias embarazadas, un segmento que representaba alrededor del 2 % del total de turistas internacionales en 2023. Sin embargo, analistas del sector indican que:
- El efecto directo se limitará a un nicho de mercado muy específico.
- Los flujos de turismo de ocio, negocios y visitas familiares seguirán mostrando crecimiento, impulsados por la recuperación económica post‑pandemia.
- Los hoteles y operadores turísticos están adaptando sus políticas de reserva para incluir cláusulas que exijan la confirmación de la fecha de nacimiento del viajero.
En la práctica, la restricción busca equilibrar la seguridad migratoria con la competitividad del sector turístico, aunque su efectividad dependerá de la capacidad de los consulados para aplicar los criterios de forma uniforme y transparente.
Perspectivas a futuro
Mientras la administración de Trump mantiene su enfoque en endurecer las normas migratorias, expertos señalan que la política podría ser objeto de revisión bajo una futura administración. La comunidad internacional seguirá observando cómo Estados Unidos maneja el delicado equilibrio entre la soberanía migratoria y los derechos de los viajeros, especialmente en una región tan interconectada como el Caribe y América Latina.