Florida admite que municipios no están obligados a firmar acuerdos 287(g), afirma alcalde de South Miami
El alcalde de South Miami, Javier Fernández, aseguró el pasado jueves 21 de agosto que el propio Estado de Florida reconoció ante un tribunal que los municipios no tienen obligación legal de firmar acuerdos de cooperación migratoria 287(g) con ICE, lo que abre la puerta a que varias jurisdicciones puedan cancelar convenios impuestos bajo presión estatal.
El caso de South Miami y la interpretación de la ley
Durante la audiencia judicial sobre la demanda presentada por la ciudad de South Miami contra la aplicación del acuerdo 287(g), el abogado del estado admitió que el estatuto 908.11 de Florida establece con claridad que solo los sheriffs o jefes de instalaciones correccionales a nivel de condado están obligados a firmar un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“El Estado no interpreta el Capítulo 908 como un mandato para que cada municipio celebre un acuerdo 287(g). South Miami no está violando la ley”, afirmó el representante legal, reconociendo que la normativa no obliga a los gobiernos locales sin centros de detención a participar en el programa federal.
Este pronunciamiento contradice años de presión estatal sobre municipios y condados, que en muchos casos firmaron convenios costosos para evitar acusaciones de mantener políticas “santuario”.
Antecedentes: el polémico acuerdo 287(g)
El programa 287(g), implementado por el gobierno federal, permite a las autoridades locales colaborar directamente con ICE en la detención de inmigrantes indocumentados. Críticos como organizaciones de derechos civiles y coaliciones comunitarias sostienen que estos convenios fomentan la discriminación racial, aumentan los costos operativos y dañan la relación de confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes.
En Florida, la administración de Ron DeSantis impulsó estos acuerdos como parte de su agenda migratoria, presentándolos como una herramienta contra el crimen, aunque defensores de los inmigrantes aseguran que su aplicación criminaliza injustamente a familias trabajadoras.
Reacciones y llamado a cancelar los acuerdos
La admisión del Estado refuerza la posición del alcalde Fernández y de grupos como la Florida Immigrant Coalition y el Community Justice Project, que este 4 de septiembre a las 11:30 a.m. convocarán a una conferencia virtual para exigir a las jurisdicciones locales que cancelen sus convenios con ICE.
“Es el momento de poner fin a estos acuerdos impuestos bajo amenaza. La propia defensa del Estado reconoce que no son obligatorios para los municipios”, destacó Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition.
Por su parte, la abogada Alana Greer, del Community Justice Project, subrayó que la decisión puede marcar un precedente en todo el estado: “Si South Miami no está obligado, otros municipios tampoco. Esto abre la oportunidad de redirigir recursos hacia programas que realmente fortalezcan la seguridad y la justicia comunitaria”.
Próximos pasos en el debate migratorio
Con este reconocimiento, los gobiernos locales que se han visto forzados a aceptar acuerdos 287(g) bajo presión estatal podrían revisar su situación y cancelarlos sin riesgo de sanciones. La discusión promete intensificarse en Florida, donde la política migratoria ha sido uno de los ejes centrales de la administración DeSantis.
El pronunciamiento del Estado en el caso South Miami no solo representa un giro legal, sino también un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía municipal frente a la estrategia migratoria de Tallahassee.
