Miami autoriza colaboración con ICE y enciende alarma entre defensores de inmigrantes
La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó el polémico acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otorgando a policías locales la facultad de actuar como agentes migratorios. La medida fue aprobada por votación dividida (3-2), pese al amplio rechazo de residentes, líderes comunitarios y organizaciones de derechos civiles que advierten sobre el impacto devastador que esto tendrá en las comunidades inmigrantes de la ciudad.
Los comisionados Joe Carollo, Ralph Rosado y Miguel Ángel Gabela votaron a favor de implementar el programa, alineándose con la agenda antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis y del presidente Donald Trump. La decisión fue calificada por activistas como un retroceso grave en la protección de los derechos civiles en una ciudad cuya identidad está profundamente marcada por la migración.
Preocupaciones por perfilamiento racial y pérdida de confianza
El acuerdo permite que agentes de la policía municipal reciban capacitación para ejecutar funciones de control migratorio, como iniciar investigaciones sobre el estatus migratorio de personas detenidas y colaborar con deportaciones. Organizaciones como la ACLU de Florida alertan que esta transferencia de responsabilidades federales ha derivado, en otros estados, en casos documentados de perfilamiento racial, abusos constitucionales y demandas judiciales que han costado millones a los gobiernos locales.
“Con su voto, los comisionados eligieron el miedo sobre los hechos y la división sobre la unidad”, declaró Dariel Gomez, organizador estatal de la ACLU. “Este acuerdo no nos hará más seguros. Solo sembrará miedo y aislará a quienes fortalecen esta ciudad”.
Una ciudad construida por inmigrantes
Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition, cuestionó duramente la decisión: “287(g) no tiene cabida en una ciudad como Miami. Más de la mitad de nuestros residentes nacieron en el extranjero. Este voto traiciona a la comunidad que estos funcionarios juraron proteger”.
En la audiencia pública, cientos de personas —entre ellas estudiantes, líderes religiosos, abogados y residentes de larga data— expresaron su preocupación por el impacto social y legal del acuerdo. Aunque la ley estatal no obliga a los municipios a participar en este programa, la mayoría de los comisionados optó por implementarlo.
Riesgos legales y consecuencias económicas
Según expertos, el programa expone a la ciudad a demandas legales, daños reputacionales y un uso ineficiente de recursos policiales, que deberían centrarse en combatir delitos graves y no en funciones migratorias. Además, líderes comunitarios advirtieron sobre el impacto económico de las deportaciones masivas, señalando que los inmigrantes representan el 21% de la población en Florida y aportan más de $100 mil millones en poder adquisitivo anualmente.
“La decisión de ayer no solo desestabiliza comunidades, también amenaza la economía del estado”, afirmó Paul Christian Namphy, director político de Family Action Network Movement. “La diversidad es la columna vertebral de Florida. Este ataque a los inmigrantes pone en riesgo sectores clave como agricultura, construcción y salud”.
Resistencia y movilización comunitaria
A pesar del resultado de la votación, organizaciones como Power U Center, Florida Rising y Miami Workers Center aseguran que seguirán movilizándose para revertir la medida y defender a las comunidades afectadas. “La lucha no termina aquí”, afirmó José Domínguez, organizador comunitario. “Miami siempre ha sido y seguirá siendo una ciudad inmigrante”.
Desde el Miami Freedom Project hasta la Florida Student Power, múltiples agrupaciones coincidieron en que el acuerdo 287(g) refleja una tendencia preocupante de criminalizar a comunidades en lugar de invertir en ellas. “Nuestros jóvenes ven con claridad lo que está ocurriendo. Esta política no nos protege; nos divide”, advirtió Michidael Ceard, director de organización estudiantil.
La decisión de la Comisión Municipal marca un punto de inflexión en la relación entre la ciudad y sus comunidades inmigrantes. Mientras el programa se implementa, los esfuerzos de resistencia continúan creciendo, impulsados por la convicción de que la seguridad y la justicia deben estar al servicio de todos los residentes, sin importar su origen.
