Nicolás Maduro denuncia la incautación de su avión por parte de EEUU como piratería

MIAMI – El gobierno de Venezuela ha declarado este lunes su intención de adoptar medidas legales para “reparar” el supuesto daño provocado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro. Este evento se produjo en República Dominicana bajo la orden de las autoridades de Estados Unidos, en un contexto marcado por las sanciones impuestas contra el país caribeño.

Confiscación del avión presidencial

El Ejecutivo de Nicolás Maduro, a través de un comunicado, manifestó que Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” estadounidense. La confiscación fue calificada por el gobierno venezolano de “piratería”.

El comunicado enfatiza que la confiscación de la aeronave, un Dassault Falcon 900EX, se trata de una “práctica criminal reincidente”, denunciando que ha sido confiscada de manera ilegal. Esta acción se caracteriza por las medidas coercitivas impuestas unilateralmente por Estados Unidos a nivel global.

Justificación estadounidense de la incautación

Las autoridades estadounidenses, por su parte, argumentan que la confiscación fue realizada luego de que se confirmara que el avión había sido “comprado ilegalmente por $13 millones a través de una compañía fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos” por Nicolás Maduro y sus asociados. El fiscal general de EE. UU., Merrick B. Garland, afirmó que esta acción buscaba reforzar la aplicación de las sanciones existentes.

• La aeronave fue transferida a Fort Lauderdale tras su confiscación en la República Dominicana.
• Se señala que la compra se realizó entre fines de 2022 e inicios de 2023, utilizando una empresa fantasma que ocultaba la participación del presidente venezolano.
• La exportación del avión a Venezuela se llevó a cabo en abril de 2023, intentando eludir las restricciones impuestas a las transacciones comerciales con el régimen actual.

Matthew S. Axelrod, subsecretario de Comercio para la Aplicación de la Ley en Exportaciones, subrayó que la incautación “manda un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden volar así como así”. Este pronunciamiento coincide con el objetivo de aplicar medidas más rigurosas contra el gobierno de Maduro.

Implicaciones y reacciones

La confiscación del avión ha sido vista como una medida de presión sobre el gobierno venezolano. Funcionarios de EE. UU. indican que el avión confiscado, que ha sido utilizado como equivalente del Air Force One en Venezuela, simboliza el poder del régimen de Maduro y su contacto internacional.

Venezuela, en su respuesta, recalca que ninguna nación ni gobierno constitucional está a salvo de acciones que desconocen el derecho institucional. Este tipo de declaraciones resalta la creciente tensión entre Caracas y Washington en el contexto de las sanciones y la política internacional contemporánea.

El avión, que había estado en la República Dominicana semanas antes de su incautación, ha formado parte de diversas visitas de Estado del presidente Maduro, lo que añade un componente simbólico al incidente.

Las autoridades de ambos países continúan en una compleja lucha diplomática, donde el futuro de las relaciones bilaterales parece estar cada vez más condicionado por acciones como esta.