Organizaciones y residentes exigen a las autoridades de Miami rechazar acuerdo 287(g) que vincularía a la policía local con labores migratorias
La propuesta, que será debatida el 17 de junio, enfrenta un amplio rechazo por parte de grupos comunitarios y defensores de derechos civiles que advierten sobre riesgos legales, financieros y sociales para la ciudad
Miami , FL. – Organizaciones comunitarias, grupos de derechos civiles y residentes están instando a los funcionarios de la Ciudad de Miami a rechazar un polémico acuerdo que permitiría a la policía local asumir funciones de control migratorio bajo el programa federal 287(g). La medida será considerada el lunes 17 de junio y ha generado una fuerte respuesta de oposición en diversos sectores.
El acuerdo propuesto permitiría que agentes del Departamento de Policía de Miami participen en tareas de aplicación de leyes migratorias federales, pese a que la ciudad no tiene obligación legal de hacerlo. Según el estatuto 908.11 de Florida, solo los alguaciles o directores de centros de detención a nivel de condado están obligados a suscribir este tipo de convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Ciudad de Miami no opera instalaciones de detención de este tipo, por lo que no está sujeta a dicho mandato.
Riesgos legales y financieros para la ciudad
Diversos líderes comunitarios advierten que adoptar el acuerdo expondría a la ciudad a demandas judiciales, aumentaría la desconfianza entre residentes e instituciones, y generaría un importante costo para los contribuyentes.
“Los funcionarios de Miami deben priorizar su deber fiduciario y proteger el bienestar financiero de la ciudad. Los contribuyentes no deberían pagar por prácticas hostiles que van a terminar en litigios costosos,” señaló Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition. “Fueron elegidos para proteger a sus comunidades, no para dividirlas ni ponerlas en peligro.”
La historia de los acuerdos 287(g) ha sido ampliamente documentada en relación con denuncias de perfilamiento racial, violaciones de derechos civiles y gastos excesivos en litigios. Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU Florida, fue contundente: “Estos acuerdos no ofrecen seguridad real, sino una ilusión peligrosa. Otorgar poderes federales a la policía local, sin la formación ni supervisión adecuadas, es una irresponsabilidad fiscal y una amenaza para nuestras comunidades. En una ciudad donde más de la mitad de los residentes son inmigrantes, este tipo de políticas generan miedo e inseguridad.”
Rechazo amplio en una ciudad diversa
La diversidad cultural de Miami y su fuerte identidad como ciudad de inmigrantes son parte del argumento de quienes rechazan el acuerdo. Desde el Movimiento de Acción Familiar (FANM), Paul Christian Namphy advirtió que la medida representa una “traición” a la comunidad que los funcionarios públicos deben proteger.
“Convertir a la policía local en agentes migratorios solo fracturará familias, destruirá la confianza entre residentes y autoridades, y generará consecuencias legales costosas. Este contrato debe ser rechazado. La policía local debe enfocarse en proteger, no en perseguir”, afirmó.
Movilización frente al Ayuntamiento
Grupos comunitarios y residentes se reunirán frente al Ayuntamiento de Miami el lunes 17 de junio a las 8:15 a.m., horas antes de la votación, para exigir el rechazo al acuerdo 287(g). La concentración contará con la participación de líderes comunitarios y ciudadanos que compartirán sus preocupaciones ante una política que consideran peligrosa y discriminatoria.
La decisión que tomen los funcionarios ese día podría marcar el rumbo de la relación entre las autoridades locales y una comunidad mayoritariamente inmigrante, en un momento donde el debate sobre seguridad, derechos civiles y políticas migratorias sigue siendo central para el futuro de Miami.
