Rechazo creciente al nuevo centro de detención de inmigrantes en los Everglades: críticas por abuso, impacto ambiental y gasto millonario

OCHOPEE, FLORIDA — Organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Florida han intensificado su oposición a la inminente apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes, ubicado en una zona remota del suroeste del estado, dentro del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami-Dade Collier. Apodado por el fiscal general James Uthmeier como “Alcatraz del Caimán”, el proyecto representa un nuevo capítulo en la política migratoria de línea dura del presidente Donald Trump.

El centro, cuya apertura está prevista para el próximo mes, tendría capacidad para albergar a 5.000 personas y costaría $450 millones anuales en recursos estatales. Su construcción avanza a ritmo acelerado, con movimiento constante de vehículos oficiales, baños portátiles y generadores industriales. El terreno, administrado por el condado de Miami-Dade y financiado con fondos públicos, se encuentra dentro de un ecosistema altamente sensible: entre el Parque Nacional Everglades y la Reserva Nacional Big Cypress.

Repudio de comunidades indígenas y ambientalistas

El proyecto ha generado una fuerte reacción por parte de comunidades originarias como la Tribu Miccosukee, junto con la Coalición de Detención de Florida y grupos ecologistas. Denuncian que la instalación pone en riesgo no solo los derechos humanos de los detenidos, sino también la estabilidad de los ecosistemas que proveen agua potable a millones de residentes del sur del estado.

“Esta construcción va en contra de todo lo que hemos defendido por generaciones. Los Everglades no son solo un refugio natural, son sagrados”, afirmó Mich González, de Sanctuary of the South.

Preocupaciones por condiciones inhumanas y abusos documentados

Según datos recientes, más de 59.000 personas se encuentran actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cifra más alta registrada. En lo que va del segundo mandato de Trump, ya se contabilizan al menos 10 muertes en centros de detención, la más reciente la de Johnny Noviello, de 49 años, en Florida.

Organizaciones como ACLU Florida y Detention Watch Network denuncian que este tipo de instalaciones profundizan los abusos sistemáticos, como la falta de atención médica, hacinamiento, traslado arbitrario de detenidos y separación familiar. La ubicación aislada del nuevo centro dificultaría aún más el acceso a representación legal, visitas familiares y atención básica.

“La propuesta de encerrar a personas en una zona remota e inhóspita, bajo condiciones extremas, es un acto de violencia institucional y ambiental”, advirtió Bacardi Jackson, directora ejecutiva de ACLU Florida.

Críticas por desvío de fondos públicos y falta de infraestructura

Además del impacto humanitario y ambiental, líderes comunitarios cuestionan el desvío de recursos estatales en plena crisis económica y climática. Según Renata Bozzetto, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, el terreno fue ofrecido al gobierno federal por apenas $20 millones, muy por debajo de su tasación real de $195 millones, mientras la construcción del centro absorbe recursos necesarios para enfrentar la temporada de huracanes, mejorar la vivienda asequible y aumentar salarios.

“Estamos viendo cómo se prioriza una agenda de represión sobre las necesidades básicas de nuestras comunidades. Este centro representa sufrimiento planificado con dinero público”, dijo Bozzetto.

Llamados a frenar la construcción y proteger los derechos humanos

En paralelo a las protestas, se ha lanzado una petición ciudadana a través de Friends of the Everglades para frenar la obra. Los opositores también instan al Senado a rechazar la aprobación de un proyecto de ley de reconciliación que asignaría $45.000 millones adicionales a detenciones sin debido proceso.

“Florida tiene la oportunidad de liderar con dignidad y humanidad. Este es el momento de rechazar la expansión del aparato de detención y priorizar inversiones en salud, vivienda y educación”, sostuvo Yareliz Méndez-Zamora, del American Friends Service Committee.

Un símbolo de resistencia ante una política migratoria cada vez más punitiva

El proyecto “Alcatraz del Caimán” se ha convertido en un símbolo de la creciente resistencia ciudadana contra la expansión de centros de detención y la militarización de las políticas migratorias en Estados Unidos. Para los críticos, el centro no solo amenaza con violaciones a derechos fundamentales, sino que también representa una amenaza al equilibrio ecológico de una de las regiones más sensibles del país.

“Ya es suficiente”, concluyó Nery López, de Detention Watch Network. “Tenemos que cerrar estos centros de abuso y frenar la agenda de detención masiva que está destrozando familias y comunidades enteras.”