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La economía alrededor de la migración se fortalece con estas prácticas en busca de un beneficio monetario, que va desde un cobro excesivo por un servicio de traslado hacia los límites fronterizos, hasta asesorías legales para trámites que no existen.
Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos municipal, informó en entrevista que hay casos de personas originarias de Panamá, Colombia, Costa Rica, entre otras nacionalidades, a las que les cobran 100 dólares por llevarlos hasta “El Bordo”, la zona donde se encuentra la línea divisoria entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, a la orilla del Río Bravo.
“Cómo tipo Ubers, diciéndoles ‘No, es que está súper peligroso. Están los soldados y policías persiguiendo migrantes, por 100 dólares te llevo’ y eso lo conocimos de primera mano por personas que llegaron al albergue (Albergue municipal Kiki Romero)”, dijo.
Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), dijo que uno de los principales engaños que han detectado es pedirle a las personas dinero para realizar citas y permisos que se realizan a través de la aplicación CBP One, a pesar de que esos trámites son gratuitos.
Consultas “legales”, sin abogados
Evelyn llegó de Guatemala con su hijo a Ciudad Juárez, México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.
Muy pronto se quedó sin hospedaje y sin dinero, pero una mujer que atendía un pequeño restaurante le ofreció trabajo y un lugar dónde dormir.
Meche, la dueña del lugar, le recomendó también los servicios de un supuesto abogado para que le realizara su trámite y solicitar la visa por razones humanitarias en Estados Unidos.
Por una primera consulta informativa le cobraron 100 dólares por persona y en total requirieron dos consultas, por lo que terminó pagando 400 dólares. Mientras que, en varias ocasiones fue contactada únicamente por correo electrónico, en donde se identificaron como abogados migratorios.
Por el “trámite” total le solicitaron el pago de 6.000 dólares por ambos.
El día en que supuestamente le realizaron la cita con autoridades estadounidenses, nadie se presentó.
Evelyn optó por buscar información con una organización de la sociedad civil y puso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Actualmente, continúa viviendo en Ciudad Juárez, pero ya está a la espera de su cita que consiguió a través de CBP One.
En El Paso la ayuda también cuesta
Nairoby Suárez, originaria de Venezuela y quien se encontraba en un campamento migrante que se improvisó afuera de la Presidencia Municipal, contó cómo muchos decidieron cruzarse” por el muro que divide Ciudad Juárez y El Paso.
Llegaban a una iglesia cercana, en donde les vendían un supuesto permiso de tránsito para viajar por Estados Unidos por un precio de entre 50 y 100 dólares.
El 8 de mayo pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que detuvieron a 32 personas migrantes que viajaban en un camión en El Paso, con un supuesto permiso.
Sin embargo, el documento era solo una Notificación de Acción (Notice of Action, I797C), un recibo que se entrega cuando una persona realiza un trámite ante autoridades estadounidenses, pero no sustenta la estancia legal en ese país.
Las cifras de la impunidad
En los últimos 5 años se han presentado ante la Fiscalía General de Chihuahua 61 denuncias por delitos contra migrantes. 41, fueron por fraude; 19, por secuestro, y una, por tráfico de menores.
El 2022 fue el año con mayor incidencia, con 30 delitos, y este año van 12 denuncias en ese sentido.
Del total de denuncias, 27 se encuentran en investigación, 15 en archivo temporal, 13 fueron vinculadas a proceso, en dos casos no hubo ejercicio por diversos motivos y dos más fueron declinadas por diversos motivos.
Hay un solo caso con sentencia absolutoria, mientras que en uno más se consideró que no inició la investigación porque no había delito.
Las personas víctimas de estos delitos eran originarios de Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.
Tania Serrano Rodríguez, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, informó que este año se han recibido tres quejas de personas migrantes, de las cuales dos se localizaron en Ciudad Juárez.
En 2022 se registraron cuatro quejas, todas en Ciudad Juárez. Las entidades acusadas fueron la Fiscalía General, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.
Reporte de Angélica Villegas
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
La Unidad Táctica Marina del Departamento de Seguridad Pública de Texas extrajo el sábado a cuatro personas del río, entre ellas una mujer y una bebé inconscientes, informó el lunes en Twitter el teniente Chris Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
De inmediato, los agentes comenzaron a aplicar compresiones torácicas a la mujer y a la bebé, y ambas fueron trasladadas al hospital, explicó Olivarez. Las dos fueron declaradas muertas allí, dijo.
Los dos sobrevivientes fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, agregó Olivarez.
El domingo se recuperó el cadáver de un hombre en el río, y el lunes se encontró el cuerpo de una mujer, señaló. Se desconocen las identidades de los muertos debido a que ninguno llevaba consigo documentos de identificación, añadió.
Los cuerpos fueron encontrados en la misma región donde nueve migrantes perdieron la vida cuando intentaron cruzar el río en septiembre.
Durante la sesión legislativa ordinaria de Texas, que concluyó en mayo, los legisladores destinaron más de 5.000 millones de dólares a la seguridad fronteriza. Días después, el gobernador Greg Abbott dio a conocer una nueva iniciativa: barreras marinas flotantes que se desplegarán en “puntos conflictivos a lo largo del Rio Grande”, nombre con el que se conoce al río en inglés.
De acuerdo con un anuncio realizado en junio por parte de la oficina de Abbott, los primeros 305 metros (1.000 pies) del dispositivo acuático de seguridad fronteriza se desplegarán cerca de Eagle Pass.
El desconocimiento de los trámites y procesos lleva a las personas a depositar su confianza y sus ahorros en presuntos asesores de recursos humanos para conseguir una visa H2.
Un empleador en Estados Unidos debe tener una “certificación laboral temporal”; con ella, deriva a las agencias privadas la búsqueda de trabajadores y todos los trámites necesarios para el procesamiento de las visas. Este monopolio deja a las personas en una situación vulnerable a la desinformación, el engaño y el fraude.
Una encuesta digital realizada especialmente para esta investigación entre 210 personas migrantes evidenció que 26% de quienes contestaron recibieron desinformación, y las ofertas falsas de trabajo están en en el primer lugar de las que con mayor frecuencia reciben.
“En la necesidad de viajar, supuestamente una empresa haría el trámite para una visa de trabajo temporal, pero lo único que pasó fue que me robaron mi dinero”, explica uno de los encuestados.
Jocelyn Reyes, directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), señala que en los últimos años se han creado condiciones favorables para la expansión de la industria de reclutamiento laboral; sin embargo, el sistema apenas está regulado.
Normalmente, los reclutadores omiten decir a las personas migrantes que los permisos no salen a su nombre y que para obtenerlos se debe gestionar una entrevista con el personal de Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos y validar los datos de la persona que aplica a la vacante para luego aprobar o no su visa.
El CDM ha documentado numerosos casos que se dieron a partir de publicaciones en redes sociales. En agosto de 2016, un trabajador contactó a una agencia de reclutamiento que le pidió 5.000 pesos y que fuera a Monterrey para obtener una visa de trabajo en el Consulado de Estados Unidos. Su visa y la de docenas de personas que se conectaron por el mismo anunciante fueron rechazadas. Nadie pudo volver a contactar con la agencia.
Esta información es coincidente con la señalada por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Las alertas sobre fraudes en visas de trabajo se han incrementado un 12% anual en los últimos cuatro años, a raíz del uso de WhatsApp para recibir y dar información.
Entre las desinformaciones más comunes destacan las falsas compañías que no tienen autorización para llevar trabajadores temporales, así como ofrecer empleos con temporalidades más altas a las permitidas por la visa H2, que es de sólo 10 meses.
En cuanto a los cobros indebidos por trámite, identifican el llamado “pago de juego”, en el cual prometen conseguir la visa, si las personas les dan un porcentaje de su sueldo durante el tiempo que dure el trabajo, esto puede ir de los 2 a los 3.000 dólares.
Otro cobro adicional es aquel en el que prometen conseguir la visa H2, pero una vez en suelo estadounidense, en lugar de llevarles al campo de trabajo, les permitirían ir a buscar otra opción por su cuenta o a reunirse con familiares o amigos.
De acuerdo con el CDM, en las ofertas que se publican en redes se pueden encontrar señales de fraude: La primera es cuando una persona ofrece una visa de trabajo y solicita documentos de identidad personal como acta de nacimiento, pruebas de covid, cartas de recomendación, comprobante de domicilio.
La segunda, cuando pide que se hagan depósitos a su cuenta personal, pues el derecho a visa se deposita sólo en las cuentas oficiales.
Por su parte, el Departamento de Prevención de Fraudes de la Embajada de EEUU en México destaca como alertas de desinformación cuando un reclutador cambia su historia de manera constante (sobre los trámites, documentos y el tiempo que tardará el trámite) y no conoce los detalles del lugar donde se trabajará, el nombre de la compañía o el salario que se les pagará.
Las personas que buscan una oportunidad de empleo en los Estados Unidos tienen ya algunas herramientas cercanas y confiables.
Cuando haya duda de la veracidad de una oferta, se puede consultar la página de Seasonal Jobs del Departamento de Trabajo en la que se pueden encontrar el registro de las certificaciones.
También existe el Portal migrante, una bolsa de trabajo creada por el CDM en 2021 para personas que buscan visas H2.
La web ofrece información de ofertas o de certificaciones de Seasonal Jobs para que se puedan ver descripción, datos de contacto del reclutador, el correo y el teléfono de los empleadores, etcétera.
El portal llamado Contratados.org cuenta con una sección de reseñas donde las propias personas trabajadoras han compartido su experiencia sobre empleadores y reclutadores.
Adicionalmente, en la Embajada de EEUU en la Ciudad de México y en los consulados de Monterrey y Guadalajara existen líneas de WhatsApp que se pueden contactar para corroborar la veracidad de una oferta.
Reporte de Abril Mulato y Daniela Mendoza
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
Estas personas buscan información por redes sociales porque “están enfocadas en encontrar la manera más segura, rápida o fácil de llegar a Estados Unidos”, señaló Guadalupe Correa-Cabrera, experta en migración de la Universidad de George Mason. “Están revisando constantemente” las redes sociales.
Sin embargo, las políticas de inmigración son complejas y en los últimos años han cambiado mucho. Por ende, se vuelve difícil entender el proceso legal que se debe tomar para llegar a Estados Unidos. Es aquí donde se fomenta la desinformación.
“En situaciones normales la gente no creería ciertas cosas”, dijo Fernando García, director del Border Network for Human Rights, un grupo que ayuda a migrantes en El Paso, Texas. “Pero cuando están viviendo en temor y en shock todos los días, son más susceptibles a cualquier tipo de información que les dé un grado de esperanza”.
No toda la información compartida en redes sociales es errónea; aun así, existen varias cuentas con cientos de miles de seguidores que difunden información falsa o con verdades parciales.
Influenciadores en redes sociales amplifican la desinformación
Correa-Cabrera explicó que las narrativas desinformantes suelen comenzar por WhatsApp y después son complementadas y amplificadas en plataformas como Instagram o TikTok.
“Estos influenciadores se ven como personas que saben sobre las leyes de inmigración, aunque no sepan”, comentó Correa-Cabrera. “A veces se presentan como abogados. Esa es la imagen que quieren representar”.
Esto les da más confianza a los migrantes de que la información es verídica, aún cuando no lo es.
Por ejemplo, Dario Andres Oviedo Melendez y Jose Rafael Roman Argotte tienen cuentas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok con más de 950,000 seguidores en total. Ellos publican vídeos diarios dando actualizaciones sobre las políticas migratorias de Estados Unidos. No sabemos cuales son las intenciones de Oviedo Melendez y Roman Argotte, pero la información que proveen no siempre es correcta.
El 9 de abril, Roman Argotte publicó un video en TikTok que tiene casi 400,000 vistas informando a sus seguidores que a partir de ese día “no podrán ser expulsados venezolanos a México a través del Título 42”, citando como fuente una nota de Breitbart, un sitio web de noticias de derecha. El Título 42, una política de salud pública que expiró el 11 de mayo, permitía a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes sin darles la posibilidad de pedir asilo.
En ese entonces no se había hecho ningún anuncio oficial que los venezolanos estarían exentos a la política. Un día después de la publicación de Roman Argotte surgió una corrida de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos con falsas esperanzas de poder ingresar a Estados Unidos.
“En las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook está corriendo la noticia,” de que las personas podían entregarse a las autoridades estadounidenses para pedir asilo, le dijo un inmigrante venezolano a un reportero en la frontera el 10 de abril.
Ese mismo 10 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) denunció la información como errónea en un tuit. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también le dijo directamente a PolitiFact que esa información que Roman Argotte publicó era incorrecta.
PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido a través de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta. Sin embargo, días después de que PolitiFact llamó y mandó mensajes a Roman Argotte, este publicó tres videos en TikTok sobre la desinformación en redes sociales. En los videos, Roman Argotte menciona directamente los ejemplos que PolitiFact destacó en sus mensajes.
Hablando sobre el video del 9 de abril, Roman Argotte declaró que en un momento esa información era “veraz” y “real”, y que “muchas personas replican el mensaje de manera errónea”.
Cambios en políticas migratorias fomentan la desinformación
En redes sociales en general, es típico ver a creadores usar los cambios en las políticas de inmigración en Estados Unidos “para presentar un sentido de urgencia”, dijo Correa-Cabrera. Surgen publicaciones que incluyen verdades parciales y que presentan el proceso de solicitud de refugio o asilo como algo sencillo y rápido.
“A partir del 11 de mayo no podrán ser deportadas personas que lleguen a la frontera de los Estados Unidos bajo el Título 42”, dijo Román Argotte en uno de sus videos de TikTok más populares, que cuenta con más de 17.6 millones de vistas.
PolitiFact calificó esta publicación como mayormente falsa; los migrantes no serán expulsados bajo el Título 42, porque esa política ya no aplica, pero eso no quiere decir que cualquier migrante puede entrar al país, como sugiere el video.
El 19 de junio Roman Argotte declaró por TikTok que la desinformación en este video “es por culpa de personas que no entienden el mensaje y lo replican”.
Oviedo Melendez, uno de los creadores de contenido, le dijo a sus seguidores en marzo que Biden había “anunciado un comunicado donde los ecuatorianos pueden venir a los Estados Unidos de manera legal a través del nuevo programa de refugiados”.
El Departamento de Seguridad Nacional le aclaró a PolitiFact que esta información es falsa.
Videos en redes sociales promocionan consejos legales
Además de crear contenido en redes sociales, la cuenta de TikTok de Roman Argotte dice que provee “consultas legales” a través de WhatsApp.
En su cuenta de Instagram, Oviedo Melendez dice que proporciona “consejo legal” y se autodenomina “abogado especialista” en inmigración, cobrando $20 por una consulta de 15 minutos, según una respuesta automática de su cuenta de WhatsApp.
Cuando la gente pide más información o aclaraciones en los comentarios de Instagram y TikTok, los dos creadores responden que las consultas deben hacerse por medio de WhatsApp.
Ambos tienen una compañía registrada en Florida llamada Dario Pfister, LLC, pero ninguno parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.
La desinformación en redes sociales es parte de lo que influye en la decisión que toman los migrantes sobre cómo y cuándo cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, señaló García, de Border Network for Human Rights.
“Existen factores importantes que empujan y atraen a los migrantes” a huir de sus países, explicó García. “Pero de alguna manera lo que solidifica esta decisión es la desinformación”.
Reporte de Julie Ricard, Maria Ramirez Uribe, Anna Spinardi y Berenice Fernández
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
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