Cientos de personas volvieron a salir a las calles de Florida para protestar contra la ley que criminaliza a los indocumentados. Varios grupos pro-inmigrantes ya anunciaron que van a interponer una demanda para bloquear esta legislación promulgada por el gobernador. Antoni Belchi tiene los detalles.
Categoría: Actualidad
Actualidad: Las últimas noticias sobre los acontecimientos que interesan a la comunidad hispano-parlante de Miami.
Habían pasado varios días desde que Mercedes Pérez entregó el dinero. Pagó 55 dólares por persona para que les tramitaran el asilo en Estados Unidos a 14 familiares suyos.
Así como ella, cientos de migrantes también esperaban que Jaime Díaz Márquez respondiera a sus llamadas y mensajes.
Les había prometido que pasarían la Navidad del 2022 del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, pero un día, sin mayor explicación, se esfumó.
Más de 200 migrantes señalan a Jaime Díaz Márquez, originario de Michoacán, de haberlos engañado, haciéndose pasar por empleado de una organización civil-religiosa estadounidense, según la organización de apoyo a inmigrantes Al Otro Lado.
Para convencerlos, Díaz les dijo que la asociación “Grupo Asilo” se encargaba de tramitar el asilo en la Unión Americana para personas de cualquier país, que el proceso era gratuito, salvo 55 dólares por papeleo y copias de cada una de ellas.
Más de 200 víctimas por falta de información
Dígame la verdad ¿Es un fraude o no? ¡¿Es mentira?!”, cuestionó Pérez en la última llamada que le respondió un 19 de diciembre del 2022.
Te vas a dar con la piedra en la boca cuando veas que es verdad”, le respondió Díaz Márquez en esa última llamada.
Cuatro meses antes, Pérez le había depositado 770 dólares a una cuenta de PayPal a su nombre.
Pero ella no fue la única, otras casi 200 familias desembolsaron un aproximado de 11.000 dólares. Jaime borró las publicaciones y programas En Vivo que hizo a través de Facebook, restringió los comentarios y prácticamente desapareció de la faz de la tierra.
El boca en boca, sin información
Fue en agosto de 2022 cuando Mercedes Pérez supo de la existencia de Jaime Díaz. Un día su comadre le contó a Pérez que había encontrado a una organización civil que le iba a tramitar el asilo a su familia, que era gratuita y de confianza.
Le dio a Pérez el número de teléfono del contacto, un tal Jaime Díaz, quien además hacía transmisiones En Vivo desde sus redes sociales.
Pérez no perdió el tiempo y ese mismo día lo llamó, le preguntó si podían tramitar el asilo de personas residentes en Honduras y Díaz respondió que sí.
“Al principio se miraba irreal pero cuando dijo que ya se habían ido 10 (personas). Le creí”, explicó Pérez en una entrevista vía telefónica desde Los Ángeles, California, donde vive con su esposo e hijos.
Dinero y sueños perdidos
Pérez no lo pensó y pagó, pero pasaron las semanas y llegó la angustia. Cientos de mensajes y llamadas se acumularon sin respuesta.
Díaz respondió a través de transmisiones En Vivo en Facebook, en las que respondía a todos los reclamos.
“Les van a avisar cuando van a ir a la embajada a recoger un papel… ese papel es para que ustedes fffssshiiiiuuuu”, dijo mientras alzaba la mano como simulando un avión en pleno despegue durante una transmisión.
“Nosotros les vamos a llamar… 9 de diciembre (2022) para que ya no me pregunten ¿Ok?… ese día van a correr a comprar sus boletos… no se crean de chismes… ustedes agarren sus maletas y váyanse a Estados Unidos a ver a su familia y pasar Navidad”, insistió.
Llegó la fecha y ni las embajadas atendieron a los migrantes, ni Díaz les volvió a responder.
Un día antes de año nuevo, el 30 de diciembre, Jennifer Cuevas decidió denunciarlo públicamente a través de su perfil de Facebook.
“Este señor se llama Jaime Diaz, originario de la Ruana Michoacán, se dedica a estafar gente de todos lados, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, de donde se los encuentre…”, se lee en la publicación que alcanzó 277 compartidas y 49 comentarios, entre ellos de otras víctimas que con ese texto identificaron su fotografía y que, igual que a ella, les había cobrado dinero para tramitarles asilo estadounidense.
A partir de esa publicación, cientos de víctimas comenzaron a contactarse para compartir información. Entre todos crearon un grupo de WhatsApp para comunicarse y enviar detalles y evidencias del fraude.
Al Otro Lado, el camino para denunciar
Pérez, además de mantener contacto con otras víctimas, reportó el fraude a la organización civil Al Otro Lado, donde fue orientada para denunciar ante el Ministerio Público, pero desistió.
“Todos teníamos miedo de don Jaime, uno no sabía quién era don Jaime, él decía que tenía mucho poder con los americanos y abogados… mi esposo me dijo que mejor no me metiera allí”, lamentó Mercedes.
Soraya Vazquez, subdirectora de Al Otro Lado, explicó que el reporte de Mercedes Pérez no ha sido el único. Son diferentes tipos de engaños que muy pocas veces denuncian los afectados por temor a ser deportados cuando son extranjeros o a entorpecer su ingreso a Estados Unidos.
Para esta investigación se intentó localizar a Jaime Díaz Márquez a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no se obtuvo ninguna respuesta.
Reporte de GABRIELA MARTÍNEZ
Este reportaje se realizó con el apoyo del programa “Disarming disinformation” del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.
El nuevo número de citas disponibles representa un aumento de casi el 50 por ciento de los espacios que inicialmente se habían habilitado desde el fin del Título 42 a inicios de mayo.
La ley SB 1718 de Florida entró en vigor este sábado, 1 de julio, y, entre otras cosas, contempla penas de hasta 15 años de prisión a quienes trasladen indocumentados al estado.
El programa probablemente estaría abierto a refugiados cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en México.
Aunque México dijo que respeta los procesos y medidas legislativas estatales en los Estados Unidos, considera que la ley SB1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas.
La Corte Suprema de EEUU rechazó interrumpir una norma que da prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados que representen un mayor peligro para la seguridad pública. ¿Qué significa todo esto? Lo vemos esta semana en Panorama.
La disminución en el costo de los pasaportes para los cubanos en el exterior y la eliminación de las costosas prórrogas están entre los cambios que entrarán en efecto a partir del 1 de julio, en lo que analistas ven como una respuesta “desesperada” del gobierno ante la profunda crisis en la isla.
La nueva guía que entró en vigencia el lunes permite que los menores tengan llamadas telefónicas de al menos 50 minutos de lunes a viernes con padres u otros familiares en cualquier lugar de EEUU o fuera del país.
Este sábado entrará en vigor la ley SB 1718 en Florida, que castiga duramente la migración irregular en el estado. Eso ha provocado que muchos indocumentados vivan atemorizados por esta legislación, que incluso contempla penas de prisión. Antoni Belchi tiene las reacciones desde Miami.
En Colombia, las Oficinas de Movilidad Segura, creadas en coordinación con Washington, habilitaron una página web para recibir solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos que buscan migrar de manera legal a Estados Unidos. Jair Díaz nos tiene el informe.
El gobierno de Estados Unidos reactivó las citas para obtener asilo desde una peligrosa ciudad fronteriza donde las preocupaciones de extorsión de migrantes llevaron a la suspensión del programa el mes pasado.
El cambio se produce luego de que en días recientes acudieran en masa a la ciudad Nuevo Laredo, fronteriza con Texas, unas 1,500 personas, tras conocerse que Estados Unidos estaba aceptando el ingreso de migrantes sin cita.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo que su aplicación móvil CBP One, en cuyo uso han insistido los funcionarios estadounidenses para promover una migración más segura y ordenada, ofrecerá citas nuevamente a partir del miércoles.
Esto ocurre a menos de dos semanas de que CBP cerrara el sistema en Laredo, ciudad texana frente a Nuevo Laredo, cuando funcionarios estadounidenses detectaron que criminales obligaban a migrantes a pagar hasta 500 dólares para llegar al puente fronterizo que deben cruzar para acudir a su cita.
El cambio de política subraya los problemas que enfrenta la administración del presidente Joe Biden en su intento de implementar un nuevo sistema de asilo, en medio de los continuos problemas de seguridad en México.
Si bien la aplicación para reservar citas de asilo en Estados Unidos tiene como objetivo eliminar como intermediarios a traficantes de personas, los hechos violentos en Nuevo Laredo muestran que estos grupos aún pueden explotarla para extorsionar a migrantes, lo que plantea serias dudas sobre su viabilidad.
Stephanie Leutert, académica de la Universidad de Texas y exasesora en temas de migración durante la administración de Biden, advirtió que un esquema de extorsión podría regresar ahora que fue reabierto el sistema virtual de citas.
“En esencia, (está) volviendo exactamente a la misma dinámica que condujo a la pausa en las citas de CBP One en primer lugar”, dijo la experta.
DESESPERACIÓN
Los migrantes comenzaron a acumularse en Nuevo Laredo el fin de semana pasado cuando se enteraron que funcionarios de CBP estaban admitiendo a grupos de unos 50 solicitantes de asilo por día a través del puente internacional, incluso sin cita.
Muchos venían de un campamento instalado en la sórdida ciudad Matamoros, a varias horas de distancia, donde no habían logrado conseguir citas.
El venezolano Gerson Bravo, explicó cómo los migrantes que llegaban se organizaban con una lista en un cuadro de cartón marcado con números o escribiendo números en el antebrazo de las personas.
Bravo dijo que el sistema era más justo que la aplicación, a través de la cual incluso deben esperar algunos meses para cruzar a Estados Unidos, mientras que con ese esquema la consiguen en cuestión de días. “No se ha podido llevar orden con la aplicación”, comentó.
El miércoles, otro migrante venezolano en Nuevo Laredo dijo que le preocupaba que lo extorsionaran ahora que Laredo estaba abierto nuevamente para las citas a través de CBP One. “Tenemos miedo”, expresó al pedir anonimato para dar su testimonio. “Nos vinimos pensando que podríamos tener un mejor proceso y más rápido”.
La afluencia repentina, muy alta en comparación a los 250 migrantes que llegaban dos semanas antes, llevó a los funcionarios estadounidenses a reiniciar CBP One como una mejor opción.
“Somos conscientes de los límites de nuestra capacidad para controlar la situación de seguridad en cualquier ciudad fuera de Estados Unidos”, dijo a Reuters un funcionario de alto rango de CBP que prefirió no ser nombrado.
“Usar CBP One es el mejor mecanismo que tenemos para reducir algunas de las vulnerabilidades allí”, agrego al referirse al caso de Nuevo Laredo.
Defensores de inmigrantes ven CBP One como una herramienta positiva para eliminar a los traficantes, pero les preocupa que el número limitado de citas los ponga en riesgo mientras esperan en zonas peligrosas como Nuevo Laredo.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que continúe la extorsión en esa ciudad fronteriza, el funcionario de CBP dijo que los migrantes podrían solicitar asilo en otros lugares e ir a Nuevo Laredo el día de su cita.
“Eso representa un riesgo mucho menor que todas estas personas que se aglomeran en la ciudad como vemos en Nuevo Laredo en este momento”, agregó.
José, otro migrante venezolano que se negó a dar su nombre completo por razones de seguridad, dijo que la semana pasada fue testigo de cómo fue secuestrado un grupo de personas en una carretera hacia Nuevo Laredo. Aun así, decidió emprender él mismo el viaje al día siguiente.
“Nos arriesgamos porque la desesperación fue tan grande Matamoros”, comentó mientras estaba sentado bajo unas carpas blancas en una plaza cerca de la frontera.
Tres migrantes dijeron a Reuters que hombres que parecían ser miembros de un cártel les pidieron que se mantuvieran en orden, pero que no habían estado extorsionando a los recién llegados.
Eso podría cambiar, dijeron activistas que estimaron en decenas de miles de dólares en alrededor de un mes las ganancias obtenidas por el cártel local por extorsionar a migrantes.
Una familia del estado de Michoacán pagó 13,000 dólares de extorsión. Once recibos con transferencias electrónicas de dinero de amigos y familiares mostrados a Reuters respaldaban su historia. Ellos se apresuraron a recaudar los fondos antes de que llegara el día de su cita el mes pasado a través de CBP One.
“Nos tenían encerrados”, dijo Javier Valdez, miembro de esa familia. “La gente tenía que pagar para no perder su cita”, agregó.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
El próximo sábado 1 de julio entrará en vigor la ley SB 1718 en Florida que criminaliza con hasta 15 años de prisión a quienes trasladen a indocumentados al estado del Sol. La ley es tan severa que ni los legisladores que la aprobaron ni los expertos legales saben cómo se podría aplicar.
En un Congreso dividido y de cara a un año electoral, la aprobación del proyecto de ley propuesto por cuatro miembros de la Cámara de Representantes que busca otorgar la residencia permanente a unos 400.000 de migrantes venezolanos sería “muy difícil”, aseguran analistas.
Un sondeo reveló que más de una cuarta parte de los migrantes rumbo a EEUU recibieron información falsa o fraudulenta sobre servicios o trámites migratorios.
Sin quererlo, las personas migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les puede costar miles de dólares.
Para tender la trampa se han desarrollado diferentes “modelos de negocio”: desde falsos reclutadores, traficantes de personas, “asesores legales”, influencers y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”.
La mayoría de esos “negocios”, aprovechan las coyunturas para estafar a migrantes al ofrecer consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Para revelar el mecanismo de la trampa, durante mayo y junio de 2023, el grupo de medios formado por Verificado, Conexión Migrante, AP, Data-Pop Alliance y PolitiFact realizó una amplia investigación en Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Florida.
En la investigación apoyada por el programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists participaron 11 periodistas e investigadoras, quienes realizaron entrevistas a personas migrantes, autoridades binacionales y organizaciones de la sociedad civil, revisaron grupos, ofertas y anuncios en plataformas digitales como Facebook y Tiktok, además del análisis de bases de datos sobre delitos y estudios y documentos de organismos internacionales. También se condujo un análisis exploratorio de mensajes en grupos públicos de WhatsApp, utilizando la plataforma Palver.
Entre el 2 y el 16 de junio, nuestro equipo diseñó e implementó un sondeo digital que fue contestado por 210 personas migrantes, la cual reveló que más de un cuarto de los encuestados ha recibido mensajes falsos respecto a trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectadas por fraudes y/o desinformación. Una persona escribió:
“Me cobraron por solo el llenado de planilla de USCIS. Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa, me di cuenta por que la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra). Perdí 1500 dólares. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ahora mismo ya realicé el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”.
¿Cómo la desinformación se volvió negocio?
Una gran variedad de servicios (desde desinformativos hasta inexistentes), son anunciados en redes sociales, principalmente en Facebook, WhatsApp y Tiktok. El dinero perdido por estos fraudes va desde 1 dólar hasta 20,000 dólares por persona.
Los estafadores crean contenidos pautados, disfrazados de explicaciones como las que haría cualquier influencer, para ofrecer ayuda en trámites migratorios. Incluyen botones para contactar por WhatsApp o Messenger y llevar la comunicación a una charla personalizada donde abundan las promesas.
Fue así como Mercedes Pérez contactó a Jaime Díaz Márquez, quien le prometió asilo político para sus familiares y pidió 55 dólares por cada uno, a cambio una constancia gestionada por una organización religiosa con la que conseguiría el parole, un permiso de permanencia temporal que se brinda por razones humanitarias urgentes para permanecer en el país por al menos un año sin visa.
En una transmisión en Facebook Live de menos de 3 minutos, Díaz Márquez aseguró que el 9 de diciembre de 2022 sería el día en que podrían “recoger sus papeles” para cruzar la frontera de manera regular, con documentos. Después eliminó los videos y no volvió a publicar.
La organización Al Otro Lado, que se dedica a apoyar y proteger a las personas migrantes, está preparando una carpeta del caso y lleva al menos 200 personas que han sido engañadas por Jaime Díaz Márquez.
A Díaz Márquez se le intentó contactar al menos en cuatro ocasiones, vía telefónica y mensajes de WhatsApp, pero nunca respondió.
Evelyn Reyes compartió que a su marido le pidieron casi 36.000 pesos, unos 2.000 dólares. “Con gastos de visa, sellados, que un vuelo de 19,500 de ida y vuelta. Hasta el pasaporte le robaron, pues iban a salir del DF (Ciudad de México) y ahí se lo entregarían, pero cuando llegó no había nada. Solo fantasmas”.
Jorge Gallo, oficial regional de prensa de la Organización Integral para las Migraciones (OIM) dijo que “muchos migrantes ni siquiera tienen ahorros, sino que se pegan una endeudada enorme para poder pagar los servicios de esos coyotes, y en muchos casos lo pierden todo”. La pérdida de recursos es solo una de las muchas consecuencias de la desinformación y de los fraudes basados en ella.
Por otro lado, existen influencers que venden “servicios legales” a sus seguidores, sin ser abogados. Un ejemplo es Darío Andrés Oviedo Meléndez, que se anuncia a través de Tiktok e Instagram, donde suma más de 600.000 seguidores.
El autodenominado abogado en su perfil de Instagram, junto a su socio José Rafael Román Argotte, ofrecen asesoría desde Florida. Sin embargo, ninguno de los hombres parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.
Esos perfiles comparten mucha información acerca de trámites migratorios y regulaciones como anzuelo a sus seguidores, para luego venderles su asesoría.
También llegan a compartir desinformación. El 9 de abril de 2023, Roman Argotte hizo un video para comentar una noticia sobre el Título 42, y sugerir una falsa apertura de la frontera.
Al día siguiente, cerca de 1.000 migrantes llegaron al Puente Paso del Norte entre Chihuahua y Texas, creyendo que se les concedería la entrada en Estados Unidos.
PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido por medio de mensajes de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta.
Visas de trabajo, oro molido para reclutadores
La mayoría de las personas que buscan oportunidades para trabajar en Estados Unidos prefieren confiar en sus conocidos o en las redes sociales, en lugar de la información de gobierno, organizaciones o medios que ofrecen datos reales, y en el mejor de los casos, verificados.
Desde 2016, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) en Ciudad de México, notó un aumento en el fraude de reclutamiento online de migrantes, especialmente a través de anuncios en Facebook.
Jocelyn Reyes, Directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del CDM asegura que desde que se creó el sistema de trabajo temporal entre Estados Unidos y México, el proceso de reclutamiento ha sido irregular, informal, poco documentado y opaco. “Esto abre huecos y desbalances de poder enormes entre los trabajadores, los reclutadores como un agente intermedio y los empleadores en Estados Unidos”.
Explica que al ser estos grupos de personas, contactadas para reclutar trabajadores, esto provoca que se monopolice la información y se controle el acceso a los empleos y las visas H-2, imponiendo tarifas y otros términos ilegales como condiciones para acceder a las oportunidades de trabajo.
“Hay agencias de reclutamiento que a eso se dedican y que ofrecen esos servicios a los empleadores estadounidenses. El problema es que reciben un salario de esos empleadores, pero también buscan tener beneficios adicionales”.
Esto coincide con lo señalado por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado General de EEUU en Monterrey, México, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Desde 2019 a la fecha han documentado un incremento del 12 a 15% de llamadas y mensajes a su línea de atención.
Los engaños más comunes son que los estafadores se hacen pasar por compañías autorizadas para contratar trabajadores temporales en EEUU y por otro, solicitan documentos personales del trabajador/a para hacer una “verificación de antecedentes criminales”.
Otros fraudes alimentados por la desinformación son los que afirman que hay oficinas de reclutamiento en el Consulado en Monterrey o que consiguen ofertas de empleo con temporalidades más altas de las permitidas para una visa H-2A.
La desinformación también alimenta la impunidad
Samantha Hernández, encargada de comunicación y enlace del albergue CafeMin en Ciudad de México, afirma que existen narrativas desinformativas que hacen creer “que no se puede transitar en la Ciudad de México sin un documento que te acredite o que si vas a oficinas de gobierno te pueden deportar”.
A eso se suma que, en su mayoría, las personas migrantes no tienen conocimiento de sus derechos, lo que permite que estas desinformaciones prosperen.
La desinformación fragiliza aún más a quienes no tienen una situación regular en México, ya que les aleja de los servicios oficiales, las fuentes de información confiables y los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Como resultado, tanto la desinformación como las estafas se multiplican y quedan impunes.
Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, de 2016 a noviembre de 2022 se registraron 5,684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De estas, 1,849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2,655 como robo y 8 de fraude.
Existen pocas denuncias de fraude y en la mayoría de los casos, los denunciantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que les represente. Sin embargo, el seguimiento se complica, pues las personas continúan su intento de cruzar la frontera y si lo consiguen, dejan los procesos inconclusos.
Un riesgo silencioso
Las redes son cada vez más utilizadas como medio de información. En grupos de Facebook y Whatsapp los migrantes encuentran información más inmediata, y que proyecta confianza y seriedad. Las condiciones para el engaño se crean a través de muchos factores, entre ellos, que la información oficial no llega a los grupos en redes sociales, y la manipulación de emociones, como el temor a los procesos complejos o la esperanza de una vida mejor.
Al creer y pagar por estos supuestos servicios, los migrantes terminan, sin proponérselo, como parte de la maquinaria de desinformación que avanza, se diversifica y crece ante la inacción de las autoridades en ambos lados de la frontera, mientras que los desinformantes quedan impunes, sin tener que ocultarse o esforzarse por encontrar la siguiente víctima.
Esta historia fue producida con el apoyo del proyecto Disarming Disinformation de ICFJ, un esfuerzo global de tres años con financiamiento principal de la Fundación Scripps Howard, una organización afiliada al Fondo Scripps Howard.
* El equipo de investigación estuvo integrado por: Abril Mulato, Gabriela Martínez, María Ramírez Uribe, Angélica Villegas, Anna Carolina Spinardi, Yvette Yañez, Ivonne Valdés.
Fact Checker: Luis Roberto Castrillón
Cámara: Aimee Melo (Tijuana), Mónica González Islas (Ciudad de México), Francisco Servín (Ciudad Juárez), Azeneth Alvarez (Monterrey)
Edición: Adriana Kong
Gráficos: Alejandra Saavedra
Cuatro personas en Texas fueron arrestadas por operaciones de tráfico humano en supuesta relación con la muerte de más de cincuenta migrantes que fallecieron el año pasado encerrados en un camión.
Los albergues de Nueva York ya alojan a más migrantes que a desamparados. Pero la falta de espacios dignos empuja a muchos a dormir en las calles, mientras el alcalde busca cambiar la ley del del derecho a refugio. Ángela González nos explica.
El gobernador de Florida y aspirante a la Casa Blanca, Ron DeSantis, presenta propuestas migratorias en Texas, un estado clave para conseguir el apoyo republicano y que históricamente se interesa en estos asuntos. Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América en Texas, tiene la historia.
Los cruces por el Tapón del Darién desde Colombia a Panamá se dispararon en el primer trimestre de 2023. Los esfuerzos regionales no parecen detener a los inmigrantes irregulares.
La Corte Suprema declinó bloquear un recurso de la actual Administración que plantea falta de recursos para deportar a más de 11 millones inmigrantes indocumentados que hay en EEUU.
Una ley federal que tipifica como delito que una persona fomente la inmigración ilegal no viola la protección constitucional de la libertad de expresión, dictaminó el viernes la Corte Suprema de Estados Unidos, ratificando una norma de décadas de antigüedad que ha sido defendida por el gobierno de Joe Biden.
El fallo revocó la decisión de un tribunal inferior de anular la disposición, parte de un estatuto de inmigración más amplio, en un caso que involucraba a un hombre de California llamado Helaman Hansen que embaucó a inmigrantes a través de un programa falso de “adopción de adultos”.
El tribunal de primera instancia había dictaminado que la ley era demasiado amplia porque podía criminalizar el discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La medida prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a “venir, ingresar o residir” ilegalmente en Estados Unidos, incluso con fines de lucro.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, desestimó la condena de Hansen de 2017 por violar la medida.
Hansen también fue declarado culpable de fraude postal y electrónico y sentenciado a 20 años de prisión. Está fuera de la cárcel mientras su apelación está pendiente.
Fiscales federales acusaron a Hansen de engañar ilegalmente a los inmigrantes al prometerles entre 2012 y 2016 que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de “adopción de adultos” operado por su negocio con sede en Sacramento, Americans Helping America Chamber of Commerce.
La fiscalía dijo que Hansen persuadió a al menos 471 personas para que se unieran a su programa, cobrando a cada una hasta 10.000 dólares a pesar de que “sabía que las adopciones de adultos que promocionaba no conducirían a la ciudadanía estadounidense”. Hansen recaudó más de 1,8 millones de dólares a través del esquema, dijeron las autoridades.
En la decisión que anuló la ley, el Noveno Circuito dictaminó que criminaliza incluso el discurso común, como decirles a los inmigrantes: “Los animo a residir en Estados Unidos”, o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. El Noveno Circuito confirmó las otras condenas de Hansen.
La decisión del Noveno Circuito se aplica en el grupo de estados occidentales sobre los que tiene jurisdicción, incluidos Arizona y California, que limitan con México.
La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Denver, también falló en contra de la ley en un caso separado.
El Gobierno de Biden argumentó que la ley no cubre ciertos escenarios hipotéticos relacionados, como simplemente alentar a inmigrantes ilegales en el país a permanecer en Estados Unidos o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. La ley apunta solo a facilitar o solicitar conductas ilegales, no a la “defensa general”, argumentó el Departamento de Justicia.
La administración instó a los jueces a restaurar una “herramienta importante para combatir las actividades que exacerban la inmigración ilegal”, particularmente debido al alto volumen de litigios relacionados con la inmigración que ocurren en los estados cubiertos por el Noveno Circuito.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
La plataforma destinada para que los migrantes en Guatemala puedan registrarse y recibir una evaluación en una “Oficina de Movilidad Segura” está actualmente cerrada a nuevas inscripciones. Depende de EEUU abrirla, dijo el canciller.
Quienes abandonan sus países de origen en busca de seguridad se conocen como refugiados o solicitantes de asilo, pero hay ciertas diferencias entre ellos bajo las leyes de EEUU. Aquí se lo explicamos.
El director ejecutivo de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, está a bordo del submarino que desapareció