South Miami desafía a DeSantis: Claves y consecuencias de su negativa a colaborar con ICE
Mientras el gobierno de Ron DeSantis intensifica su postura frente a la inmigración irregular, el condado de South Miami ha tomado una decisión política contundente: rechazar cualquier colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en operativos de deportación. Esta medida, aprobada por unanimidad en la comisión municipal, no solo desafía las políticas del gobernador sino que reaviva el debate sobre el rol de los gobiernos locales en la aplicación de leyes migratorias federales.
El contexto político: Una grieta que se profundiza
La resolución de South Miami llega en un momento crítico:
- Florida ha implementado la SB 1718, una de las leyes migratorias más duras de EE.UU., que obliga a hospitales y empleadores a verificar el estatus migratorio y penaliza el transporte de indocumentados.
- ICE ha aumentado un 34% las deportaciones en el estado desde 2022, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
- Ciudades como Miami Beach y Orlando han adoptado posturas similares, aunque sin legislaciones concretas.
South Miami, sin embargo, va más allá: su acuerdo prohíbe explícitamente el uso de recursos municipales (como cárceles locales o bases de datos policiales) para apoyar operativos de ICE, una medida sin precedentes en el condado.
¿Por qué South Miami tomó esta decisión?
La comisión municipal argumenta que:
- Prioriza la seguridad pública: “Cuando las comunidades migrantes temen a la policía, dejan de reportar crímenes”, explica el alcalde Walter Harris. Un estudio del Cato Institute (2023) respalda esta tesis: los condados “santuario” tienen 18% menos tasas de delitos violentos.
- Protege la economía local: El 41% de los residentes de South Miami son migrantes (Censo 2020), muchos en sectores clave como construcción y turismo.
- Cuestiona la constitucionalidad: Abogados municipales citan el fallo Arizona v. United States (2012), donde la Corte Suprema limitó la capacidad de los estados para aplicar leyes migratorias.
Las repercusiones legales (y posibles batallas)
Expertos consultados anticipan tres escenarios:
- Represalias estatales: DeSantis podría retener fondos, como hizo con ciudades “santuario” en 2019.
- Demandas cruzadas: Grupos proinmigrantes ya preparan recursos contra la SB 1718, mientras que fiscales conservadores podrían desafiar la ordenanza de South Miami.
- Presión federal: ICE podría emitir órdenes judiciales para acceder a datos, aunque el condado ha blindado sus sistemas.
El factor humano: Testimonios desde la comunidad
“Esta decisión me da esperanza”, dice María L., empleada doméstica indocumentada y residente por 15 años. “Pero muchos siguen con miedo”. Según la Coalición de Inmigrantes de Florida, el 60% de las familias mixtas en el área han consultado sobre reubicarse a otros estados.
¿Qué viene ahora?
South Miami se convierte en un caso testigo de la resistencia local a políticas migratorias duras. Su estrategia podría replicarse en otros condados, pero el costo político y legal aún es incierto. Lo claro es que el mensaje está enviado: en el sur de Florida, la aplicación de la ley migratoria ya no es uniforme.
