El sheriff de Iowa se niega a colaborar con ICE y marca distancia del acuerdo 287(g): un mensaje claro en defensa de su comunidad

Miami, FL — En una decisión que resuena a nivel nacional, el sheriff Joseph Kennedy del condado de Dubuque, Iowa, ha rechazado públicamente participar en el programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enviando un fuerte mensaje a las autoridades locales y federales: la seguridad local no debe subordinarse a la política migratoria federal.

Esta postura, inusual en un estado que no suele destacarse por su apertura hacia las comunidades inmigrantes, ha generado un amplio respaldo entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. “No estamos diciendo que esto es una zona santuario ni que todo vale”, afirmó Kennedy. “Solo decimos que tenemos un trabajo que hacer y los contribuyentes del condado de Dubuque nos pagan para eso”.

¿Qué es el programa 287(g) y por qué genera controversia?

El acuerdo 287(g) permite que agentes locales actúen como oficiales federales de inmigración, una colaboración que ha sido criticada por facilitar la discriminación racial, debilitar la confianza comunitaria y exponer a las agencias locales a posibles demandas por violaciones de derechos constitucionales. En estados como Florida, donde recientemente se aprobó una ley que impulsa la firma de estos acuerdos por parte de los gobiernos locales que administran cárceles, el programa se ha convertido en un símbolo de la política migratoria más dura asociada a la era Trump.

Sin embargo, la ley no obliga a los departamentos de policía a participar en estas colaboraciones. De hecho, la legislatura de Florida rechazó una propuesta que buscaba imponer esa exigencia.

Kennedy desafía la presión nacional

El rechazo del sheriff Kennedy ocurre en un contexto en el que la Asociación Nacional de Sheriffs alienta a los departamentos del país a unirse a ICE mediante acuerdos 287(g). Pese a ello, Kennedy dejó claro que no está dispuesto a ceder recursos de su equipo para ejecutar funciones que competen exclusivamente al gobierno federal.

“Si quieren tomar medidas contra la inmigración, está bien. Pero si esa es su posición, contraten al personal que necesitan y hagan el trabajo ustedes”, subrayó.

Apoyo desde Florida y organizaciones nacionales

Renata Bozzetto, subdirectora de la Coalición de Inmigrantes de Florida, respaldó la decisión del sheriff de Iowa, reconociendo que aunque no sea un defensor activo de los derechos de los inmigrantes, su postura protege a su personal y a los contribuyentes. “Los acuerdos 287(g) son una carga para los gobiernos locales, y cuando los oficiales son demandados por detener ciudadanos por error, son los contribuyentes quienes pagan los costos legales y las indemnizaciones”, alertó.

Bozzetto remarcó que los departamentos policiales no tienen que alinearse ideológicamente con los movimientos proinmigrantes para proteger a sus comunidades: basta con rechazar los acuerdos voluntarios que comprometen la seguridad jurídica y financiera local.

Un ejemplo para otros condados

Desde Iowa, Alejandra Escobar, integrante de Escucha Mi Voz Iowa, también elogió la valentía del sheriff Kennedy, señalando que su decisión debería ser replicada por otras jurisdicciones. “Estos acuerdos socavan la seguridad pública, abren la puerta al perfilamiento racial y generan redadas masivas que terminan en violaciones de derechos civiles”, afirmó.

La decisión de Kennedy destaca en un panorama donde muchos funcionarios locales ceden ante presiones políticas. Su negativa a colaborar con ICE bajo el paraguas del 287(g) no solo protege a su equipo y a los contribuyentes, sino que también refuerza el principio de que las agencias locales deben responder primero a las necesidades y derechos de sus propias comunidades.

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