Fallos del Supremo ponen en riesgo a más de medio millón de inmigrantes: comunidades de Florida entre las más afectadas

Miami, FL – Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha encendido las alarmas en Florida y en todo el país. Con una votación de 7 a 2, los magistrados autorizaron al gobierno de Donald Trump a continuar desmantelando programas humanitarios claves, abriendo la puerta a la deportación de más de 530,000 personas, muchas de las cuales residen en comunidades profundamente arraigadas en el sur de Florida.

La medida afecta directamente a quienes llegaron al país bajo procesos de parole humanitario, como el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), que había ofrecido una vía segura y ordenada para miles de personas. En Florida, donde viven las mayores comunidades de origen cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano en EE.UU., la decisión judicial representa una amenaza inmediata y concreta.

De acuerdo con datos recientes, entre los potencialmente deportables se encuentran 214,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 111,000 cubanos y 96,000 nicaragüenses. Estos no son recién llegados: son trabajadores, padres de familia, dueños de pequeños negocios, estudiantes y vecinos que contribuyen activamente a la vida económica, cultural y social del estado.

Un golpe directo al corazón de comunidades trabajadoras

Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han condenado la decisión como un acto de crueldad institucional y un retroceso en el compromiso de EE.UU. con los derechos humanos. Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition (FLIC) e hija de inmigrantes haitianos, advirtió que “forzar el regreso de haitianos a un país sumido en la violencia y el colapso humanitario es una sentencia de muerte. Haití vive una crisis sin precedentes: bandas armadas, escasez de comida y agua, falta de atención médica y una ausencia total de seguridad.”

El fallo también amenaza con fracturar familias nicaragüenses, muchas de las cuales lograron reunificarse tras años de separación. “El régimen de Ortega en Nicaragua reprime brutalmente a la disidencia. Devolver personas allá es exponerlas a persecución y tortura”, afirmó Yareliz Mendez-Zamora, de American Friends Service Committee.

Cubanos y venezolanos, traicionados por una falsa promesa

Ana Sofía Pelaez, directora del Miami Freedom Project e hija de un refugiado cubano del éxodo Pedro Pan, calificó de “fracaso moral” la posibilidad de deportar a cubanos que ya habían sido admitidos legalmente bajo parole. “Cuba vive una dictadura represiva y una crisis humanitaria. Enviarlos de vuelta ahora sería una injusticia imperdonable”, aseguró.

En el caso venezolano, la situación es igualmente crítica. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, recordó que Venezuela atraviesa el mayor éxodo en el hemisferio en un siglo, con millones escapando del colapso del sistema de salud, el hambre y la represión. “Estos inmigrantes no llegaron por azar. Fueron seleccionados, revisados, y llegaron de manera ordenada. Contribuyen a nuestras comunidades, pagan impuestos, y ahora se les quiere expulsar como si no valieran nada. Eso no es política migratoria, es traición.”

Consecuencias económicas y sociales para Florida

Además del impacto humano, expertos alertan sobre las implicaciones económicas. Los beneficiarios del parole han estado llenando vacíos laborales en sectores esenciales como agricultura, construcción, salud y servicios. Según FWD.us, estos trabajadores ayudan a aliviar la presión migratoria en la frontera sur y contribuyen activamente al crecimiento económico. El desmantelamiento del programa implica perder fuerza laboral en un momento de escasez en múltiples industrias.

Resistencia comunitaria y acciones de protección

Ante este panorama, organizaciones como FLIC han intensificado su respuesta. A través de sus clínicas semanales “Protect the People”, ofrecen orientación legal, defensa comunitaria y apoyo psicológico. “Invitamos a todos los que se sientan amenazados por esta política a acercarse. No están solos”, subrayó Petit.

Los interesados pueden inscribirse en las clínicas a través del siguiente enlace: floridaimmigrant.org/events

Lisa Zayas, de La Mesa Boricua, resumió el sentir de muchas organizaciones aliadas: “Esta decisión no solo es injusta, es inhumana. Pero también es un llamado a unirnos, a organizarnos y a seguir luchando por un sistema que realmente proteja la dignidad de todos.”